Máscara para el desvío de dinero

Pese a que están legalmente constituidas, las “empresas fantasma” usan su actividad comercial como máscara para el desvío o el lavado de dinero, dice un experto

Las acusaciones de desvío de dinero público durante la gestión municipal de Mauricio Vila en Mérida, que investiga desde hace varios meses la Auditoría Superior del Estado, implican en presuntos actos de corrupción a varios funcionarios que ocupan hoy importantes cargos en el gobierno del Estado.

Los ciudadanos que interpusieron las denuncias entregaron al órgano fiscalizador documentos que exhibirían una red de “empresas fantasmas” que mediante contratos amañados ayudaron a desaparecer más de $200 millones del erario en 2016 y 2017.

El experto reconoce que estas empresas cubren la mayoría de los requisitos que establecen las leyes para operar y participan o simulan participar en una actividad legítima, sin embargo, esta sirve como máscara para el lavado de dinero.

Presuntos implicados

Los funcionarios acusados por los denunciantes son Vila Dosal, María Fritz Sierra (ex secretaria de la Comuna), Alberto Peraza Sosa (ex director de Administración), Luis Montalvo Duarte (ex director de Servicios Públicos), Álvaro Juanes Laviada (ex coordinador de Administración), Alberto Espinosa Atoche (ex subdirector de Administración) y Juan Rosel Flores (ex titular de Finanzas y Tesorería).

De fachada, las empresas son legales y es complicado vigilarlas en el aspecto fiscal, lo que aprovechan para evadir algunos candados.

Si un negocio incurre en una práctica fraudulenta —desde la más común hasta la más grave— y tiene como domicilio una casa abandonada, un lote baldío, un terreno en las afueras o lo comparte con otra empresa, es difícil fincar una responsabilidad porque se necesita llevar un proceso de notificaciones y al no haber nadie que las reciba, la causa puede tardar mucho tiempo.

Entre las irregularidades que levantan más dudas en el caso de la presunta estafa a la Comuna meridana está que muchas de las compañías involucradas tienen su domicilio fiscal en casas abandonadas o particulares e incluso lotes baldíos.